Pobre país de Manuelito

Imágen tomada de www.elComercio.com

Durante estos días es muy común hablar y escuchar datos, opiniones y debates acerca del TLC, su conveniencia y sus repercusiones, todo esto mientras los noticieros nos bombardean con imágenes que deben ser medidas en cuanto a sus consecuencias dentro de la frágil y deteriorada estabilidad democrática, de la cual he hablado en anteriores ocasiones en www.myspace.com/alexfabricio

La verdad sea dicha, el movimiento indigena anti TLC y anti Oxi, no es más que una plataforma política para aquellos que, decidieron guardar un silencio complice cuando fueron gobierno y ven en este año electoral, la posibilidad de regresar a tener el estatus que mantenían al ser socios políticos del dictocrata.

Pero mucho mas allá de esto, la preocupación máxima debe centrarse en la sobrevivencia de las instituciones legales que tanto defienden los ahora adalides de la justicia. Está claro que la compañía Occidental Petroleum puede haber violado las leyes ecuatorianas, caso que se está ventilando ante las autoridades competentes y con cuya resolución podremos hablar de violación cierta o no del marco legal ecuatoriano, pero quienes se han convertido en sus detractores, se han convertido también en transgresores de la ley.

Miremos un poco los acontecimientos. Desde hace seis días, se ha instaurado un proceso de toma de caminos, cierre de carreteras, destrucción de vías de comunicación, saqueo de tiendas (El Comercio, domingo 19 de marzo de 2006, pag. 14), alzamiento contra el gobierno... creo que limitaré mi lista a estas figuras.

Si miramos con un poco de detenimiento, existen aquí, claras violaciones a la Constitución de la República y además, delitos tipificados en el Código Penal, veamos. El artículo 23 de la Constitución Política de la Repúblilca del Ecuador consagra en su numeral 14 el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, ¿lo podemos hacer ahora? NO, caso contrario intente viajar a Latacunga o a Otavalo. El númeral 15 consagra el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero "en ningún caso en nombre del pueblo" ¿quién entonces les ha dado esa potestad a los dirigentes indigenas? por mi parte digo que yo no he sido y creo ser parte del pueblo.

Ahora en el caso del código penal, vamos a ver y a enumerar:

1. "Art. 130.- (Atentado contra la seguridad del estado).- El que en cualquier forma o por cualquier medio se alzare contra el Gobierno... será reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años."
2. "Art. 159.- (Sabotaje a la producción).- Será reprimido con prisión de uno a tres años... el que... impidiere, desorganizare o perturbare la recolección, producción, transporte, almacenaje o distribución de materias primas, productos elaborados o extraidos, maquinarias o cualquier otro medio necesario para la producción, con el proposito de producir alarma colectiva"
3. "Art. 416.- (Destrucción de vias de comunicación).- Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años... el que inutilizare o destruyere, en todo o en parte, las vías u obras destinadas a la comunicación pública, por tierra..."
4. "Art. 550.- (Robo).- El que, mediante violencias o amenazas contra las personas o fuerza en las cosas, sustrajere fraudulentamente una cosa ajena, con animo de apropiarse, es culpado de robo..."

Como vemos, hay al menos dos violaciones a los derechos consagrados en la Constitución y cuatro delitos flagrantes. Mientras todo esto sucede, con toda seguridad, los dirigentes indigenas y ciertas organizaciones sociales que pretenden pescar a río revuelto, ya deben tener el equipo de negociación que pondrá como condición para el cese de las manifestaciones, la libertad de los dirigentes que eventualmente sean detenidos, en tanto que la fiscalía y la justicia de este país... bien gracias.